Rey Álvarez, columnista.
El debate sobre el sistema carcelario en Colombia no es nuevo, pero las recientes declaraciones del diputado Dúrguez Espinosa en la Asamblea Departamental de Risaralda sobre la cárcel La 40 de Pereira y el proyecto de la cárcel La Concordia han puesto sobre la mesa una problemática que va más allá del hacinamiento y la infraestructura. Se trata de un cuestionamiento profundo sobre el modelo penitenciario que estamos construyendo y sus implicaciones sociales, económicas y comunitarias.
El diputado Espinosa no solo ha señalado el grave problema de hacinamiento en la cárcel La 40, sino que también ha recordado las advertencias que hizo en su momento sobre el proyecto de la cárcel La Concordia, al que calificó como un “mamut” financiado con los impuestos de los colombianos. Sus palabras no son gratuitas: la Procuraduría, en un informe reciente, le ha dado la razón al evidenciar irregularidades en la ejecución de estos proyectos. Esto nos lleva a preguntarnos: ¿estamos construyendo cárceles que realmente contribuyan a la rehabilitación y al desarrollo, o simplemente estamos perpetuando un sistema disfuncional?
Uno de los puntos más críticos que plantea Espinosa es la falta de transparencia en la gestión de estos proyectos. Con documentos en mano, el diputado ha denunciado cómo se ha intentado “hacerle creer a la gente que las cárceles generan desarrollo”. Esta afirmación, atribuida a la USPEC (Unidad de Servicios Penitenciarios y Carcelarios), es preocupante. Las cárceles no deberían ser vistas como motores de desarrollo económico, sino como instituciones cuyo objetivo principal es la rehabilitación y la reinserción social. Cuando se prioriza la construcción de infraestructura carcelaria sin un plan claro de cómo esta contribuirá a estos fines, se corre el riesgo de crear “mamuts” que, lejos de resolver problemas, los agravan.
Además, el diputado ha señalado la falta de socialización con las comunidades afectadas por estos proyectos. La cárcel La Concordia, por ejemplo, ha sido impuesta sin considerar las necesidades y preocupaciones de los habitantes del Corregimiento de Combia. ¿Dónde se alojarán los familiares que visiten a los internos? ¿Cómo se garantizará la seguridad en vías que ya están colapsadas por el tráfico pesado? Estas son preguntas que, según Espinosa, siguen sin respuesta. La falta de diálogo con las comunidades no solo genera desconfianza, sino que también perpetúa un modelo en el que las cárceles se convierten en enclaves aislados, lejos de cualquier posibilidad de integración social.
Otro aspecto preocupante es el impacto ambiental y social de estos proyectos. Espinosa ha mencionado el riesgo que representa el tubo de Ecopetrol que cruza el terreno de la cárcel, así como el deterioro de las vías debido al tráfico pesado. Estos problemas no son menores: una cárcel no puede ser un proyecto aislado que ignore su entorno. Debe ser parte de una estrategia integral que considere no solo la infraestructura, sino también el impacto en la comunidad y el medio ambiente.
El diputado también ha hecho referencia a la película En el Nombre del Padre, donde la falta de transparencia en el sistema judicial y penitenciario lleva a injusticias que tardan años en resolverse. Esta analogía no es casual: en Colombia, la opacidad en la gestión de las cárceles ha permitido que se cometan errores que, como en el caso de la cárcel del Pílamo, terminan costándole caro al Estado y a la sociedad.
En conclusión, las críticas del diputado Dúrguez Espinosa no son solo un llamado de atención sobre la cárcel La 40 o el proyecto de La Concordia; son una invitación a repensar el modelo penitenciario en Colombia. Necesitamos cárceles que no solo alberguen internos, sino que también promuevan su rehabilitación y reinserción. Necesitamos proyectos que sean transparentes, que involucren a las comunidades y que consideren su impacto social y ambiental. Y, sobre todo, necesitamos dejar de “hacerle creer a la gente” que las cárceles son la solución a todos nuestros problemas. Porque, como bien lo ha demostrado la experiencia, no lo son.
El sistema penitenciario no puede seguir siendo un “mamut” que devora recursos sin ofrecer resultados. Es hora de construir un modelo que priorice la justicia, la rehabilitación y el desarrollo humano. Solo así podremos decir que estamos avanzando hacia un sistema penitenciario que realmente sirva a la sociedad.
